Política Nacional

¿Democracia para todos?

Supongamos que un ciudadano entendiera que un reglamento de una institución de la que forma parte, es contrario a la ley o a determinados derechos. Supongamos que así lo manifiesta allá donde le escuchan y que invita a otras personas que piensan como él a que hablen en esa institución. Y supongamos que promueve una denuncia de tal reglamento ante alguna instancia judicial competente. Y que forma parte de una asociación legal que se dedica a difundir sus ideas.

Supongamos que otros señores piensan de manera contraria a este hombre sobre los mismos temas. Supongamos que esos señores se encapuchan e irrumpen en una sala en la que el anterior señor ejerce su función en la citada institución. Que interrumpen su actividad y le insultan, reparten propaganda en la que se acusa a ese señor de haber hecho exactamente lo que ha hecho y se pintan las paredes con consignas en las que se le tacha de enemigo del pueblo y se exige que se marche o se le destituya. Supongamos que los encapuchados se dirigen al despacho de ese señor en la institución en cuestión y sellan la cerradura y bloquean la puerta con tablas claveteadas.

¿Son legítimos y aceptables esos actos? ¿Solo los del primer ciudadano, solo los de los ciudadanos encapuchados? ¿Ninguno de ellos? ¿Tiene alguna importancia cual sea la idea defendida por ambas partes o por alguna de ellas para nuestro juicio?

Acabemos con las suposiciones, estos son hechos que han ocurrido realmente. El primer ciudadano es el profesor Francisco Caja , la citada insitución es la Universidad de Barcelona y los dos lugares concretos de esa institución donde ocurren los hechos es su el aula donde Caja está dando clases de Filosofía y su despacho en la universidad, respectivamente. El reglamento denunciado es el del uso del catalán en la Universitat Rovira i Virgili y la Universitat Pompeu Fabra.Las personas a las que Caja invita a conferenciar son Alejo Vidal-Quadras, Fernando Savater o Gotzone Mora. Los pasquines le acusan justamente de eso y las pintadas dicen cosas como esta: "Francisco Caja, enemic de Catalunya, enemic del català, fora feixistes de la Universitat".

Tolerancia intolerable

La tolerancia, cuyo significado tuvo durante mucho tiempo una cierta carga negativa, se ha convertido hoy en uno de los valores- o virtudes- más apreciados por una parte de las sociedades occidentales. Muchas personas han hecho de la tolerancia un equivalente de la democracia, hasta el punto de considerar los aspectos políticos de un estado irrelevantes - o subordinados- comparados con los "niveles de tolerancia" mostrados por el mismo. "Hay que ser tolerantes" es la consigna a seguir. La tolerancia se considera la clave de la sociedad justa, de las relaciones internacionales productivas, de la lucha contra el terrorismo eficaz y éticamente aceptable, etc. Definirse como intolerante frente a cualquier hecho, actitud o doctrina es un pecado laico contra la sociedad progresista, independientemente de cuales sean esos hechos, actitudes o doctrinas.

Personalmente, encuentro esto contradictorio con la aspiración a una sociedad perfectible, y considero esa aspiración como la verdadera expresión de una actitud progresista.

La tolerancia es admitir la relatividad de todos o algunos aspectos de los actos y los pensamientos humanos. Aunque se exprese en la capacidad para convivir con actos y pensamientos distintos a los propios, se basa en admitir la legitimidad, en varios sentidos, de esos actos y pensamientos. Ser absolutamente tolerante supone el convencimiento de que nada es absoluto y de que nadie ni nada posee una verdad que no sea parcial o subjetiva.

Sin embargo, tal pretensión resulta auto- contradictoria, la tolerancia ilimitada aspira a ser una verdad y un valor absoluto al tiempo que niega que algo así pueda existir. Resulta más evidente si entendemos que la versión positiva se expresa de manera negativa como "intolerancia con la intolerancia".

Parece mucho más razonable admitir que existen algunas verdades y valores irrenunciables y que deben defenderse frente a quienes las amenazan, al tiempo que existen otros aspectos acerca de cuyo valor y certeza existen dudas y mostrarse tolerantes con ellos desde la asunción de esa realidad.

La tolerancia, más que un valor, es una actitud aconsejable en determinadas circunstancias, o en todo caso, un valor relativo a esas circunstancias, de tal modo que la intolerancia puede ser asimismo un valor respecto a circunstancias diferentes.

Así, la democracia y la actitud cívica progresista, en tanto aspira a una sociedad más justa considerándola perfectible, se define por asumir ciertas verdades y valores en ese camino de mejora y enfrentar sus amenazas, siendo intolerante con ellas, mientras muestra tolerancia- entiende como relativos y legítimos- otros valores y formas de afrontar la realidad en tanto pueden ser armonizados en el conjunto de valores y verdades asumidas por la sociedad como conjunto.

Liberalismo extendido

Mientras que el nacionalismo entiende la libertad como el cumplimiento de un orden natural prefijado por la historia, la lengua, los orígenes, la tradición, etc., o las teorías derivadas del marxismo ponen arbitrarios límites a la libertad individual, el liberalismo entendió la sociedad como la libre confluencia de voluntades individuales.

En principio, una sociedad que se estructura por medio del juego libre de las autonomias del individuo, que permite que cada cual escoja su lugar en ella, no parece injusto.

El liberalismo ha aportado la afirmación del carácter individual, algo imprescindible para la formulación y la propia existencia de las libertades individuales modernas, de conciencia, de prensa, etc., y es la principal ideología implicada en la actual concepción del Estado Democrático.

Sin embargo, hay algo de artificial en el concepto del hombre en el liberalismo que puede ser la fuente de la incapacidad práctica de esta ideología para afrontar de manera efectiva la existencia de una fuente real de dominación de unos sobre otros, restando oportunidades a los más débiles.

En el liberalismo, el hombre es autolegislador, sin más límite que el que impone su famoso principio: "mi libertad acaba donde empieza la del otro".

Entendiendo que la sociedad es un juego libre de individualidades, se establece la competencia, que siempre es decidida por el grado de poder que cada una de esas voluntades pueda usar, surgiendo relaciones de dominio. Cada ámbito privado de libertad es así desigual, fruto de la competencia y de los mecanismos a su servicio.
El liberalismo entiende la ley como un freno o límite a la voluntad, y, por tanto, debe restringirse la intervención del estado todo lo posible.

Pero el liberalismo extraé al hombre de su contexto natural. El hombre no tiene existencia real aislado de la sociedad, el hombre autónomo es una quimera. No puede entenderse al hombre tomado aislado y estudiado de esa manera.

La individualidad del hombre se inscribe en una sociedad, en la que es capaz, por su interactuación con ella, de modificarla, de no transmitirla necesariamente intacta respecto a como la heredó.
La libertad es así libertad de relaciones, no es una mera propiedad del hombre sino que también constituye un modo de relación.
Puede aspirarse a una sociedad en la que los seres humanos ejerzan su autonomía sin que los otros constituyan obstáculos a la libertad individual, a suprimir o minimizar las relaciones de dominio.

La libre competencia conduce, por sí misma, a situaciones de dominio, a una sociedad en la que cada cual se consigue, mínimos aparte, su propia parcela de libertad de un tamaño determinado por el poder que pueda ejercer en ese juego, originando individuos que son dominados debido a su necesidad de ayuda para sobrevivir.
Más que a una sociedad en la que cada cual logre su parcela de libertad, debe aspirarse a una sociedad que, en la medida en que anule esas relaciones de dominación, sea más libre ella misma.

Una sociedad, entendida como tejido de relaciones entre individuos, puede resultar más o menos justa- naturalmente en el sentido que esas relaciones acaben en un resultado neto favorable a los derechos de los individuos que la forman- dependiendo de la armonia de los derechos y libertades totales implicadas. Una sociedad que preserve la libertad individual a todo trance de modo que nadie impida que un individuo, en el ejercicio de su libertad ilimitada, quite la vida a otro; obtiene un resultado neto desfavorable a los individuos que la forman, aunque cada uno de ellos goce del derecho a la libertad sin trabas.

Del mismo modo que es concebible e incluso deseable una limitación menor de la libertad en favor de un resultado neto favorable a los individuos si se tienen en cuenta otros derechos, -en el ejemplo anterior, el derecho a la vida en el caso de que se limite la libertad de matar- puede resultar también concebible e incluso deseable respecto a otras cuestiones.

El liberalismo niega esta posibilidad respecto a determinados ámbitos, bajo la forma de rechazo al “intervencionismo” sin ofrecer más justificación que el hecho de que ello puede suponer una limitación de la libertad. Pero como hemos visto, también lo hace en el caso de que se impida que alguien ejerza su libertad matando a otros.

CONTRA TODO NACIONALISMO

Esta anotación se refiere al nacionalismo como doctrina, no a un nacionalismo concreto o, en todo caso, se aplica a todos los nacionalismos.

Probablemente, el avance en matería política más importante y a partir del cual emana la doctrina política más sólida desde el punto de la justicia, como valor ético, es el del reconocimiento de los derechos humanos y su universalización a todos los miembros de la especie, por el hecho de pertenecer a ella, por encima de razas, nacionalidades, credos, sexo o ideología. Esto convierte al individuo humano, como tal, en soberano de sí mismo que cede parte de ella a sus representantes en la vida socialmente estructurada. Lo importante es, a mi juicio, el reconocimiento implícito y explícito de la individualidad, cada ser humano es un “universo” forjado en su experiencia vital.

El nacionalismo se basa en la existencia de un concepto con realidad concreta, dotado de “esencias” que conforman su naturaleza, su realidad, y el individuo, sin dejar de serlo ni dejar de reconocer sus derechos, se ve impregnado de ella, es en gran parte fruto de su pertenencia a esa nación. Para el nacionalismo, el disidente, el que no encaja en la definición ideal de miembro de la nación, es un traidor o, en el mejor de los casos, un engañado o desviado por influencias, por supuesto extranjeras y, por tanto, ajenas a su “naturaleza”. Es la nación la que define al individuo, pues se concibe a ella dotada de características propias, inmutables, esenciales, contradiciendo la evidencia de que los pueblos cambian y son, en cada momento, el resumen, la suma de las naturalezas y los caracteres de las individualidades que las forman.

El individuo no hace, por tanto, su historia y con él la de su colectivo, sino que es él el que se ve modelado por aquella, viendose atado por lo que en un campo de batalla de hace siglos se decidiera en nombre de principios y con aspiraciones completamente diferentes a las que hoy preocupan. Todo consiste entonces en una tensión en la que un pueblo intenta mantener una identidad frente a quienes pretender arrebatarsela.

Todo ello se traslada al momento presente con consecuencias directas. En una sociedad actual en la uqe los derechos son esencialmente individuasles y es el ciudadano el protagonista, los nacionalistas insisten en hacer a los pueblos protagonistas por encima de los individuos y hacen del grupo una realidad superior a la de este.

Por ello, para el nacionalista la voluntad del pueblo debe ser una que se corresponda con una realidad que le viene ya dada. Contradecirla es solo consecuencia de la ceguera o de la manipulación. La realidad no es, por tanto, cambiante y adecuada a los tiempos y circunstancias presentes, sino determinada por una esencia o naturaleza propia o por su traición, por lo que el nacionalista preconizará siempre una vuelta a valores seculares propios como forma de vencer las adversidades de los tiempos, que son consecuencia del abandono de la propio.

seguirá otro día...

EL MITO DE LA VOLUNTAD POPULAR EN DEMOCRACIA

Uno de los conceptos mitificados en nuestra sociedad es el de respeto a la voluntad de la mayoría. Se considera que lo legítimo de un acto se define por su acomodo a esa voluntad o, como consecuencia, que un acto en oposición a esa voluntad no puede nunca ser legítimo. No es que se considere que el deseo de la mayoría sea la única fuente de legitimidad, pero si el supremo, la última instancia. Es un entender que esa es la expresión práctica del concepto de “soberanía del pueblo”.

Esto nos puede conducir a alguna paradoja o, cuando menos, a alguna situación sorprendente. Por ejemplo, la mayoría podría decidir que es bueno marginar a las mujeres o a los gitanos. O que la democracia es indeseable y que es mucho más conveniente una dictadura. Esto último resulta especialmente paradójico, es deseo democrático que exista una dictadura.

El problema radica en que en realidad lo que la mayoría expresa es una respuesta a una necesidad, no un simple deseo como gusto o capricho es un deseo de satisfacer una necesidad, de armonizar la convivencia. En todo ello subyace un cierto valor ético de justicia y uno funcional de eficacia.

Naturalmente, nadie cree que todo debe ser decidido por mayoría ni en todo ámbito. Se trata de decisiones que afecten al conjunto del estado y, en algunos casos, a grupos concretos. “Lo que nos afecta a todos”, a todos los implicados en una cuestión, a los que la decisión afectara de algún modo.

Las mayorías pueden equivocarse, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto contenido técnico como, por ejemplo, decisiones económicas, jurídicas, etc. Las mayorias no gobiernan, ni legislan ni juzgan. Ni siquiera, en nuestro país, eligen a los gobiernos, sino a las Cortes que eligen a ese gobierno. En todo caso, y en sintonía con lo dicho más arriba, lo que subyace a la elección concreta es que los elegidos administren su representación con justicia y eficacia.

Pero en esas labores no siempre todos los aspectos son evidentes o están en disposición de la opinión pública, ni aún estando disponibles se puede considerar que la mayoría como tal es capaz de juzgar siempre la medida idónea. Las mayorías pueden equivocarse tanto en aspectos técnicos como en aspectos éticos, como deciamos.

El representante electo tiene la obligación principal de procurar el bien general y asegurar los derechos individulaes y, en esa actividad, puede verse en el conflicto resultante de decidir entre apoyar la opinión mayoritaria libremente expresada o tomar medidas menos populares pero más eficaces o justas.

En regímenes autoritarios puede darse la aparición de los “salva patrias”, aquellos personajes que dicen ver claro cual es el bien de la sociedad y que en su nombre pueden suprimir la soberanía popular y los derechos elementales. Pero en un régimen democrático con separación de poderes existen órganos de control dentro de cada poder y entre poderes que evitan estos peligros.

A un representante electo se le debe exigir aplicación y lealtad en su tarea, sin que ello signifique obedecer la opinión pública al pie de la letra en cada momento, sino el uso de sus cualidades técnicas y la estricta observancia de los principios de justicia recogidos en la Constitución y otras declaraciones colectivas. Y sobre esa base se fiscalizará su proceder. Seguirá otro día...

España y el derecho de autodeterminación.

Es bastante frecuente escuchar a líderes nacionalistas que España no reconoce o no respeta el derecho de autodeterminación de los pueblos. Eso es falso, son afirmaciones equivocadas.

Cuando la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1966 adoptó los pactos sobre los Derechos Humanos, en cuyo preámbulo se recogía el derecho de los pueblos a la autodeterminación, España no solo no se opuso, sino que fue favorable a su adopción. Cuando en 1976 estos pactos entraron en vigor, el Estado español no efectuó reserva alguna y se consideró normalmente aceptado. Es más, España se ha mostrado tradicionalmente favorable en su acción y declaraciones en toda ocasión en la que el escenario internacional lo ha demandado.

No tiene, pues, ningún fundamento reclamar a España que acepte ese derecho reconocido por la ONU y único soporte legal del mismo cuando España es miembro de pleno derecho de esa organización y no ha efectuado reserva o salvedad alguna en el plano teórico o práctico ni ha sufrido denuncia o advertencia de ningún tipo a ese respecto por la ONU o alguno de sus organismos.

Insistir en ese argumento y al mismo tiempo pretender que ese hecho coloca a España o sus gobiernos en una situación éticamente inferior a quienes dicen aceptarlo es caer en la falsedad y, por tanto, en la injusticia. Lo que nacionalistas vascos, catalanes y otros reclaman a España y lo que realmente se debate no es el respeto a ese derecho, sino el reconocimiento de ciertas zonas de España como sujetos de ese derecho. Y ese es un asunto en el que las distintas opiniones no conllevan un posicionamiento más o menos "progresista" o avanzado en sentido alguno, es una cuestión empírica referida a estatutos políticos y referencias históricas y culturales. El único referente ético implicado en la cuestión, la única actitud a juzgar desde esa perspectiva es el respeto escrupuloso a la verdad. Es decir, España no puede verse acusada de negar el derecho de autodeterminación, y mucho de menos de no respetarlo, como muestra su trayectoria sin un debate previo acerca de los sujetos de ese derecho, que es lo realmente en cuestión.

No basta para ello que una ideología asuma ese hecho en su programa o que sea ese el principio que le da sentido como formación, sea política o cívica, pues como es evidente, es el fruto de una perspectiva partidista, ideológica, la cual puede ser aceptada o seguida por un número mayor o menor de personas como todas las ideologías. Pero la verdad objetiva no se decide por referéndum, algo es o no es de una determinada manera independientemente de cuantas personas estén de acuerdo con ello.

Por otra parte, es tendencioso e incluso atentatorio contra la convivencia presentar el debate como una pugna entre una ideología progresista frente a una reaccionaria. Por ejemplo, la ideología nacionalista no puede, desde ninguna perspectiva que no sea la propia, imponer que su idea de que el concepto de "nación" o " pueblo" define al individuo es superior a la liberal de que es el individuo el sujeto de derechos y deberes y que el pueblo o la nación es un concepto cambiante definido precisamente en función del carácter determinado de los individuos que lo forman en cada momento, sea superior ética o políticamente y que el debate se efectúe desde sus presupuestos. Que ellos consideren que esos presupuestos son los correctos no impide ni aporta argumento alguno a la idea de que no lo son.

Hasta ahora, que yo sepa, no se aportado ni un solo argumento jurídico por parte de los demandantes del carácter de sujeto de derecho de autodeterminación para esas zonas que haya sido refrendado por organismo internacional independiente alguno. Lo cual no significa que no exista, por supuesto. Pero si significa que las acusaciones contra España, sus gobiernos o las fuerzas políticas enfrentadas a esa idea son falsas e injustas.

Iraq, terroristas, tropas y gobiernos.

“La decisión de hacer volver las tropas refuerza a los terroristas”. ¿No has oído decir esto mismo a nadie antes?. ¿Y esto otro?: “La decisión de mandar tropas a Iraq motivó los atentados de Madrid el 11 de marzo”.

Ambas afirmaciones pueden ser ciertas, o solo una de ellas, o tal vez ninguna de ellas. Seguramente solo los terroristas conocen los motivos exactos que les llevan a cometer sus crímenes y solo ellos comprenden bien la lógica interna de sus actos.

Lo que me preocupa es saber si un gobierno legítimo debe tomar sus decisiones pensando en lo que los terroristas opinarán sobre ellas. Si un gobierno considera justo o necesario enviar tropas a un lugar, o si considera igualmente justo o necesario hacerlas volver de algún lugar al que previamente fueron enviadas, ¿debe basar su decisión en las consecuencias que los terroristas quieran hacer recaer sobre la sociedad que ese gobierno representa?. ¿Y el juicio sobre tal decisión debe basarse totalmente o en parte
en ello?. Tal vez un grupo terrorista considere que es bueno hacer volver las tropas y otro grupo considere que esa decisión debe “castigarse” con el peculiar estilo de los terroristas. Algunos grupos terroristas de izquierdas consideran que marginar a las mujeres es propio de sociedades machistas y autoritarias, y que son sus enemigas, mientras que otros, de contenido religioso, consideran que la mujer no debe tener lugar en la vida pública, ni siquiera debe ser visible en la calle. ¿Deben nuestros gobernantes y legisladores tomar en cuenta la opinión de los grupos terroristas sobre la cuestión del papel de la mujer en la sociedad para legislar y la posibilidad de que la decisión adoptada provoque represalias teroristas?.

Volviendo a las frases que motivarón esta anotación, creo que ambas son decisiones legítimas de gobiernos legítimos, se compartan o no, y que deben ser tomadas sobre la base de cuestiones que nada tienen que ver con lo que opinen sobre ellas los grupos terroristas. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, no complacer o contradecir a los que atentan contra ella.