EL MITO DE LA VOLUNTAD POPULAR EN DEMOCRACIA
Uno de los conceptos mitificados en nuestra sociedad es el de respeto a la voluntad de la mayoría. Se considera que lo legítimo de un acto se define por su acomodo a esa voluntad o, como consecuencia, que un acto en oposición a esa voluntad no puede nunca ser legítimo. No es que se considere que el deseo de la mayoría sea la única fuente de legitimidad, pero si el supremo, la última instancia. Es un entender que esa es la expresión práctica del concepto de soberanía del pueblo.Esto nos puede conducir a alguna paradoja o, cuando menos, a alguna situación sorprendente. Por ejemplo, la mayoría podría decidir que es bueno marginar a las mujeres o a los gitanos. O que la democracia es indeseable y que es mucho más conveniente una dictadura. Esto último resulta especialmente paradójico, es deseo democrático que exista una dictadura.
El problema radica en que en realidad lo que la mayoría expresa es una respuesta a una necesidad, no un simple deseo como gusto o capricho es un deseo de satisfacer una necesidad, de armonizar la convivencia. En todo ello subyace un cierto valor ético de justicia y uno funcional de eficacia.
Naturalmente, nadie cree que todo debe ser decidido por mayoría ni en todo ámbito. Se trata de decisiones que afecten al conjunto del estado y, en algunos casos, a grupos concretos. Lo que nos afecta a todos, a todos los implicados en una cuestión, a los que la decisión afectara de algún modo.
Las mayorías pueden equivocarse, sobre todo cuando se trata de cuestiones de alto contenido técnico como, por ejemplo, decisiones económicas, jurídicas, etc. Las mayorias no gobiernan, ni legislan ni juzgan. Ni siquiera, en nuestro país, eligen a los gobiernos, sino a las Cortes que eligen a ese gobierno. En todo caso, y en sintonía con lo dicho más arriba, lo que subyace a la elección concreta es que los elegidos administren su representación con justicia y eficacia.
Pero en esas labores no siempre todos los aspectos son evidentes o están en disposición de la opinión pública, ni aún estando disponibles se puede considerar que la mayoría como tal es capaz de juzgar siempre la medida idónea. Las mayorías pueden equivocarse tanto en aspectos técnicos como en aspectos éticos, como deciamos.
El representante electo tiene la obligación principal de procurar el bien general y asegurar los derechos individulaes y, en esa actividad, puede verse en el conflicto resultante de decidir entre apoyar la opinión mayoritaria libremente expresada o tomar medidas menos populares pero más eficaces o justas.
En regímenes autoritarios puede darse la aparición de los salva patrias, aquellos personajes que dicen ver claro cual es el bien de la sociedad y que en su nombre pueden suprimir la soberanía popular y los derechos elementales. Pero en un régimen democrático con separación de poderes existen órganos de control dentro de cada poder y entre poderes que evitan estos peligros.
A un representante electo se le debe exigir aplicación y lealtad en su tarea, sin que ello signifique obedecer la opinión pública al pie de la letra en cada momento, sino el uso de sus cualidades técnicas y la estricta observancia de los principios de justicia recogidos en la Constitución y otras declaraciones colectivas. Y sobre esa base se fiscalizará su proceder. Seguirá otro día...
2 comentarios
alejandra -
Jose M -
Un saludo