España y el derecho de autodeterminación.
Es bastante frecuente escuchar a líderes nacionalistas que España no reconoce o no respeta el derecho de autodeterminación de los pueblos. Eso es falso, son afirmaciones equivocadas.
Cuando la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1966 adoptó los pactos sobre los Derechos Humanos, en cuyo preámbulo se recogía el derecho de los pueblos a la autodeterminación, España no solo no se opuso, sino que fue favorable a su adopción. Cuando en 1976 estos pactos entraron en vigor, el Estado español no efectuó reserva alguna y se consideró normalmente aceptado. Es más, España se ha mostrado tradicionalmente favorable en su acción y declaraciones en toda ocasión en la que el escenario internacional lo ha demandado.
No tiene, pues, ningún fundamento reclamar a España que acepte ese derecho reconocido por la ONU y único soporte legal del mismo cuando España es miembro de pleno derecho de esa organización y no ha efectuado reserva o salvedad alguna en el plano teórico o práctico ni ha sufrido denuncia o advertencia de ningún tipo a ese respecto por la ONU o alguno de sus organismos.
Insistir en ese argumento y al mismo tiempo pretender que ese hecho coloca a España o sus gobiernos en una situación éticamente inferior a quienes dicen aceptarlo es caer en la falsedad y, por tanto, en la injusticia. Lo que nacionalistas vascos, catalanes y otros reclaman a España y lo que realmente se debate no es el respeto a ese derecho, sino el reconocimiento de ciertas zonas de España como sujetos de ese derecho. Y ese es un asunto en el que las distintas opiniones no conllevan un posicionamiento más o menos "progresista" o avanzado en sentido alguno, es una cuestión empírica referida a estatutos políticos y referencias históricas y culturales. El único referente ético implicado en la cuestión, la única actitud a juzgar desde esa perspectiva es el respeto escrupuloso a la verdad. Es decir, España no puede verse acusada de negar el derecho de autodeterminación, y mucho de menos de no respetarlo, como muestra su trayectoria sin un debate previo acerca de los sujetos de ese derecho, que es lo realmente en cuestión.
No basta para ello que una ideología asuma ese hecho en su programa o que sea ese el principio que le da sentido como formación, sea política o cívica, pues como es evidente, es el fruto de una perspectiva partidista, ideológica, la cual puede ser aceptada o seguida por un número mayor o menor de personas como todas las ideologías. Pero la verdad objetiva no se decide por referéndum, algo es o no es de una determinada manera independientemente de cuantas personas estén de acuerdo con ello.
Por otra parte, es tendencioso e incluso atentatorio contra la convivencia presentar el debate como una pugna entre una ideología progresista frente a una reaccionaria. Por ejemplo, la ideología nacionalista no puede, desde ninguna perspectiva que no sea la propia, imponer que su idea de que el concepto de "nación" o " pueblo" define al individuo es superior a la liberal de que es el individuo el sujeto de derechos y deberes y que el pueblo o la nación es un concepto cambiante definido precisamente en función del carácter determinado de los individuos que lo forman en cada momento, sea superior ética o políticamente y que el debate se efectúe desde sus presupuestos. Que ellos consideren que esos presupuestos son los correctos no impide ni aporta argumento alguno a la idea de que no lo son.
Hasta ahora, que yo sepa, no se aportado ni un solo argumento jurídico por parte de los demandantes del carácter de sujeto de derecho de autodeterminación para esas zonas que haya sido refrendado por organismo internacional independiente alguno. Lo cual no significa que no exista, por supuesto. Pero si significa que las acusaciones contra España, sus gobiernos o las fuerzas políticas enfrentadas a esa idea son falsas e injustas.
Cuando la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1966 adoptó los pactos sobre los Derechos Humanos, en cuyo preámbulo se recogía el derecho de los pueblos a la autodeterminación, España no solo no se opuso, sino que fue favorable a su adopción. Cuando en 1976 estos pactos entraron en vigor, el Estado español no efectuó reserva alguna y se consideró normalmente aceptado. Es más, España se ha mostrado tradicionalmente favorable en su acción y declaraciones en toda ocasión en la que el escenario internacional lo ha demandado.
No tiene, pues, ningún fundamento reclamar a España que acepte ese derecho reconocido por la ONU y único soporte legal del mismo cuando España es miembro de pleno derecho de esa organización y no ha efectuado reserva o salvedad alguna en el plano teórico o práctico ni ha sufrido denuncia o advertencia de ningún tipo a ese respecto por la ONU o alguno de sus organismos.
Insistir en ese argumento y al mismo tiempo pretender que ese hecho coloca a España o sus gobiernos en una situación éticamente inferior a quienes dicen aceptarlo es caer en la falsedad y, por tanto, en la injusticia. Lo que nacionalistas vascos, catalanes y otros reclaman a España y lo que realmente se debate no es el respeto a ese derecho, sino el reconocimiento de ciertas zonas de España como sujetos de ese derecho. Y ese es un asunto en el que las distintas opiniones no conllevan un posicionamiento más o menos "progresista" o avanzado en sentido alguno, es una cuestión empírica referida a estatutos políticos y referencias históricas y culturales. El único referente ético implicado en la cuestión, la única actitud a juzgar desde esa perspectiva es el respeto escrupuloso a la verdad. Es decir, España no puede verse acusada de negar el derecho de autodeterminación, y mucho de menos de no respetarlo, como muestra su trayectoria sin un debate previo acerca de los sujetos de ese derecho, que es lo realmente en cuestión.
No basta para ello que una ideología asuma ese hecho en su programa o que sea ese el principio que le da sentido como formación, sea política o cívica, pues como es evidente, es el fruto de una perspectiva partidista, ideológica, la cual puede ser aceptada o seguida por un número mayor o menor de personas como todas las ideologías. Pero la verdad objetiva no se decide por referéndum, algo es o no es de una determinada manera independientemente de cuantas personas estén de acuerdo con ello.
Por otra parte, es tendencioso e incluso atentatorio contra la convivencia presentar el debate como una pugna entre una ideología progresista frente a una reaccionaria. Por ejemplo, la ideología nacionalista no puede, desde ninguna perspectiva que no sea la propia, imponer que su idea de que el concepto de "nación" o " pueblo" define al individuo es superior a la liberal de que es el individuo el sujeto de derechos y deberes y que el pueblo o la nación es un concepto cambiante definido precisamente en función del carácter determinado de los individuos que lo forman en cada momento, sea superior ética o políticamente y que el debate se efectúe desde sus presupuestos. Que ellos consideren que esos presupuestos son los correctos no impide ni aporta argumento alguno a la idea de que no lo son.
Hasta ahora, que yo sepa, no se aportado ni un solo argumento jurídico por parte de los demandantes del carácter de sujeto de derecho de autodeterminación para esas zonas que haya sido refrendado por organismo internacional independiente alguno. Lo cual no significa que no exista, por supuesto. Pero si significa que las acusaciones contra España, sus gobiernos o las fuerzas políticas enfrentadas a esa idea son falsas e injustas.
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daniel povedano -
auto-determinacion.blogspot.com